Derechos de Progresividad

firmados y ratificados por Colombia, lo cual los hace parte prevalente de la legislación nacional; además del artículo 55 de la Constitución Política de Colombia y el decreto 160 de 2014, aparte de ser el mecanismo de resolución de los conflictos en el mundo laboral, contribuye a mejorar la calidad de vida de los trabajadores beneficiados con los acuerdos laborales y se puede afirmar que ayuda a disminuir las brechas en la desigualdad del ingreso.

Un reciente informe del DANE muestra que en las empresas o entidades del sector público donde hay presencia sindical, los incrementos salariales son mayores que en el resto de las entidades del sector.

De acuerdo con datos de la CUT, desde el año 2013 se han venido negociando pliegos de solicitudes en lo que se llama “Por rama de actividad económica” para mas de 1.250.000 empleados, tanto del orden nacional como del territorial  y/o por entidad. Se han firmado tres acuerdos de carácter general (Nivel nacional) y mas de mil acuerdos de carácter territorial y/o por entidad. Esto ha mejorado las tasas de negociación colectiva y la afiliación sindical.

Pese al incumplimiento de una parte importante de los acuerdos laborales de carácter general y territorial, es claro que hay un avance. Sin embargo el gobierno nacional, así como el departamental parecen echar marcha atrás y, fundamentados en conceptos de la Función Pública, han venido retrocediendo en la aplicación del principio de progresividad, lo cual significa, para ellos, que todos los acuerdos laborales firmados hasta el momento, carecen de valor jurídico y en cada negociación se debería empezar de cero.

Este comportamiento de los gobiernos nacional y departamental, aparte de vacilar en el reconocimiento de los derechos plenos a la negociación colectiva de los empleados públicos, parece ser una retaliación a las constantes demostraciones de unidad, movilización e independencia que demuestran los empleados públicos en cada una de las negociaciones.

“Olvidan” los representantes de estos gobiernos algunos principios generales del derecho laboral que es bueno recordar: Articulo 53 Constitución Política: “…..irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación mas favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales….”

De acuerdo con la normatividad internacional, particularmente de la carta de la Organización de los Estados Americanos sobre derechos humanos (De la cual Colombia es signataria), artículo 26, titulado precisamente “Desarrollo progresivo”, el protocolo de San Salvador de 1988 que en su artículo cuarto expresamente consagra: “....no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos” y el artículo séptimo sobre “Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo”, todo ello en relación con el artículo 93 Constitucional sobre prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios internacionales ratificados que reconocen derechos humanos, se contempla que los estados deben garantizar la progresividad de estos derechos, y en consecuencia la prohibición de la regresividad.

Indudablemente, todos estos elementos jurídicos, además de importantes conceptos y sentencias de las altas cortes, solamente se respetarán si esta batalla la desarrollamos con la unidad y la movilización de los trabajadores estatales en los niveles nacional y regional.